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Entrevista a Patricia Castañeda: Antropóloga mexicana que participó en investigación pionera sobre violencia feminicida en México

De paso por Chile, la entrevistamos en el mes de julio cuando dictó una conferencia sobre violencia contra las mujeres en el Primer Encuentro Académico Latinoamericano sobre Justicia, Género y Sexualidad.

Por Marcela Sandoval Osorio

Patricia Castañeda nos contó paso a paso cuáles fueron las decisiones metodológicas, líneas de acción y los hallazgos al investigar los crímenes de mujeres en México a partir de los casos de Ciudad Juárez. Actualmente realiza investigación y docencia en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y es una de las integrantes de la Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres.

Admite que el vínculo de trabajo con su colega mexicana Marcela Lagarde, reconocida internacionalmente por sus aportes teóricos a los estudios de género en América Latina y por su trabajo de incidencia, la ha marcado en sus labores de investigación. Para ambas la academia y la política van de la mano; sostiene que la investigación debe nutrir a la acción y viceversa.

Patricia Castañeda conoce a Marcela Lagarde en los años 80`en el Taller de Sexualidad y Cultura de la Licenciatura en Antropología de la Universidad Autónoma de Puebla. En esos años participaron juntas en campañas por la despenalización del aborto, a favor de la maternidad voluntaria y en contra del hostigamiento sexual en la universidad.

Veinte años después le proponen a Marcela Lagarde postularse como candidata a diputada en un contexto en el que, según Patricia Castañeda, no había ninguna política efectiva para enfrentar los crímenes contra mujeres en Ciudad Juárez. Finalmente Marcela Lagarde acepta la postulación sólo si su función se orienta a investigar este tema. Y en ese empeño colaboran nuevamente, una desde la academia y la otra desde la esfera política, a partir del año 2005 cuando, por iniciativa de la Comisión Especial de Feminicidios presidida por la ya electa diputada federal Marcela Lagarde, se inicia la “Investigación Diagnóstica sobre Violencia Feminicida en la República Mexicana”.

Se trata de la primera investigación que se hace en México a nivel nacional sobre violencia contra las mujeres desde una perspectiva de género e incorporando un enfoque cualitativo y cuantitativo.

El proceso de investigación y algunos resultados

La primera etapa consistió en hacer un diagnóstico de la situación en 10 estados de México: Chihuahua, Sonora, Baja California, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Estado de México, Morelos, Veracruz y Distrito Federal. El gran desafío fue realizar esta indagatoria en el plazo de un año.

En cada estado se formaron equipos locales integrados por mujeres de la academia y de organizaciones que sumaron alrededor de 80 personas. También se formó un comité científico integrado por 12 personas, del que nuestra entrevistada formó parte.

El equipo investigador se planteó como primera tarea recuperar datos oficiales sobre asesinatos de mujeres ocurridos en el período 1995-2005 y para ello acudieron a las procuradurías de justicia. La primera pregunta que se hicieron fue ¿cuántas mujeres han sido víctimas de muerte violenta? y fueron constatando que era una pregunta de muy difícil respuesta. Las razones: las fuentes oficiales no tenían información, o había información pero no estaba desagregada por sexo o por otras variables que dieran cuenta cómo se producían las muertes, o bien se detectaban diferencias en las cifras de un recuento a otro en una misma dependencia judicial.

Esta barrera en el acceso a la información oficial, las llevó a una primera conclusión: el significado que puede tener la ausencia de registro. Según Patricia Castañeda “la inexistencia del dato pasó a convertirse en el dato”. La tesis que empezaron a sostener era que si el Estado no tiene datos sobre el tema, es posible suponer dificultades para investigar los casos y la consiguiente impunidad de los responsables de los crímenes.

Del período investigado sólo el año 2004 presentó información regular: en promedio más de 3 mujeres fueron víctimas de homicidio doloso por día. Los otros años presentaron inconsistencias en la información; por ejemplo Chiapas y Veracruz en un mismo año presentaron tres reportes oficiales con datos disímiles.

Dentro de los hallazgos, el equipo logró descartar algunas creencias respecto a las características de las víctimas. No había un “tipo” de víctima, la edad, por ejemplo, no era un rasgo común en las mujeres asesinadas: eran niñas, jóvenes, adultas y ancianas. No obstante había una recurrencia de factores estructurales en sus vidas: bajos niveles de escolaridad, de ingresos, problemas en el acceso a la salud y a otros derechos fundamentales.

Otra línea de la investigación fue rastrear las acciones de organizaciones de la sociedad civil como actores que denunciaron progresivamente los casos de mujeres asesinadas en medios de comunicación y en instancias judiciales. Respecto al tratamiento que los medios de comunicación le daban a estos hechos, se hizo un seguimiento de los principales diarios en los distintos estados mexicanos. Advirtieron que es frecuente que los titulares anuncien el asesinato de una mujer como “un crimen pasional” o bien, que la noticia sea consignada como un suceso policial de “crónica roja”. Esto muestra una estigmatización de los hechos de violencia contra las mujeres, de las víctimas y sus agresores, concentrando la atención en aspectos que están lejos de describir la situación real de los crímenes.

Analizaron también las políticas públicas existentes en el ámbito de la violencia. Buscaron qué programas de gobierno y qué presupuestos existían asignados a estos programas. Los resultados no fueron muy alentadores: las políticas se centraban en la violencia intrafamiliar y prácticamente no encontraron presupuestos asignados a estas políticas. Lo más grave es que otras formas de violencia que afectan a las mujeres y que se dan fuera del ámbito doméstico, como la trata, la prostitución forzada, la violencia en situaciones de conflicto armado, los asesinatos por fundamentos religiosos o de costumbres como los crímenes de honor, el infanticidio, las mutilaciones genitales, y otras prácticas de violencia que se dan en ámbitos laborales y sociales, quedan sin atención.

Incorporaron como un nudo central del análisis, indicadores sociodemográficos y de desarrollo humano. Todos estos índices fueron mostrando que para un gran porcentaje de mujeres mexicanas la desnutrición, fecundidad y muerte materna tienen una alta prevalencia. Otros rasgos son el acceso a trabajos mal remunerados, empleos temporales o precarios y en condiciones inseguras. La violencia doméstica o de pareja es prácticamente un aspecto común en la vida de estas mujeres, lo que refuerza la relación entre discriminación y violencia de género. En este tipo de violencia confluyen múltiples formas de violencia que refieren de manera explícita o implícita a situaciones de discriminación en cuanto a edad, raza, etnia, situación socioeconómica y otras condiciones que vulneran la vida de las mujeres.

Con los datos que fueron encontrando, el comité científico decidió buscar “casos emblemáticos” de homicidios violentos de mujeres. Se pidió a cada equipo local identificar un caso. El objetivo era pasar de los datos y análisis más generales a un caso, es decir, a un ejemplo que diera cuenta de un proceso de violencia feminicida, para así demostrar que las mujeres asesinadas vivieron situaciones de violencia antes y durante el ataque que causó su muerte, y que una vez muertas su cuerpo fue objeto de nuevos actos de violencia.

De los casos seleccionados, en su mayoría las mujeres fueron muertas por hombres. Según Patricia Castañeda, “el propio cuerpo masculino era el arma, era una expresión violenta desde el cuerpo”.

Un hallazgo interesante fue que los casos estaban situados geográficamente en muchos puntos de México, por tanto podría hablarse de una situación que no se concentra en algunas localidades, sino que se sitúa en múltiples puntos y de manera transversal en el país. Esta información les permitió construir una Geografía de la Violencia Feminicida en la República Mexicana.

Al año siguiente, en la segunda etapa de la investigación se hizo un análisis de la situación general de los 32 estados mexicanos. Los resultados fueron similares a los de la primera etapa: la violencia contra las mujeres es un problema multisituado en México, con casos que evidencian un acumulado de situaciones de violencia de género hasta llegar al asesinato y maltrato posterior a la muerte, con cifras alarmantes y con procedimientos de investigación en los distintos niveles del Estado (estatal, federal y municipal) muy lentos y con exiguos resultados.

Después de investigar qué hacer

De la revisión que hicieron a la legislación a nivel estatal y federal, constataron la ausencia de un marco legal que permitiera abordar el problema de la violencia de género de manera integral. Surgió entonces la necesidad de diseñar una ley.

En este proceso cobró fuerza el concepto de “muerte violenta”; según Patricia Castañeda la idea era plantear la violencia como un complejo conceptual y analítico. Agrega que no se trataba de una categoría en abstracto: la noción debía dar cuenta de un proceso de violencia tal como se constató en el levantamiento de los casos.

En el trabajo de elaboración de la ley se generó un diálogo interparlamentario entre España, Guatemala y México, lo que dio una base muy consistente para el proceso de discusión. Pensaban en una ley contra el feminicidio, pero el proceso fue cambiando la orientación de la ley: de un carácter punitivo pasó a ser una ley para prevenir y orientar.

Después de un intenso proceso de diseño en el que participaron las Comisiones de Equidad y Género, Especial de Feminicidio y Especial de la Niñez, Adolescencia y Familias de la Cámara de Diputados, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se promulga el año 2007.

Cuando la ley se promulgó se pensó en conformar un grupo promotor para su aplicabilidad. Ahí surge la idea de conformar la Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres (1). Actualmente, la coordinación general de esta red está a cargo de la Dra. Marcela Lagarde -quien la preside-, la Lic. Angélica de la Peña y algunas participantes de la Investigación Diagnóstica: las Dras. Patricia Castañeda y Aimée Vega, las Mtras. Olga Bustos, Mayela García, Ángela Alfarache y Karime Suri. A nivel local siguen funcionando los equipos de académicas con las representantes de organizaciones.

En ese contexto, poco antes de la constitución legal de la Red, su grupo promotor consiguió financiamiento de Ford y UNIFEM para hacer cabildeo, formación, producir publicaciones y trabajar con organizaciones de la sociedad civil y con medios de comunicación en torno a la difusión de la Ley, dar seguimiento a los pasos para su aplicabilidad y armonización con leyes afines, así como establecer una vigilancia ciudadana al cumplimiento de las prescripciones institucionales que en ella se incluyen.

Con la información recopilada, más una serie de documentos y bibliografía que aportó la Comisión Especial de Feminicidio de la Cámara de Diputados, se conformó el Archivo de la Violencia Feminicida. Este archivo está siendo consolidado en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM.

Para Patricia Castañeda la experiencia de esta investigación es un magnífico ejemplo de cómo hacer investigación feminista, acota que “tiene un carácter político porque parte de un problema que afecta a las mujeres, un problema que se plantea resolver con la ley, pero plantea paralelamente acciones de incidencia”.

La elaboración de una ley apareció en un principio como la medida más razonable ante el vacío legal y los deficientes mecanismos del Estado para dar seguimiento a este tema, pero según Patricia Castañeda “el proceso de investigación, les permitió darse cuenta que no pasaba sólo por crear una ley sino, además, por plantear un horizonte posible de cambio civilizatorio cuyo eje sea la erradicación de la violencia de género, en particular la que se ejerce contra las mujeres”.

(1) La Red está conformada por ex legisladoras federales promotoras de la Ley General, académicas feministas, Colectivo de Investigación, Desarrollo y Educación entre Mujeres (CIDEM), por el Archivo de la Violencia Feminicida e integrantes del Programa de Investigación Feminista del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM.