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México: Primer caso de feminicidio ante la Corte Interamericana

17/01/08

Fuente: Artemisa Noticias. Por Sara Lovera, desde México

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) resolvió presentar una demanda contra el Estado Mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por los casos de tres víctimas de feminicidio en Ciudad Juárez, Chihuahua. Es el primer caso de violación a los derechos humanos de las mujeres que se presenta ante este tribunal internacional.
“Con esta demanda, las familias de tres asesinadas en el caso conocido como “Campo Algodonero” tendrán la posibilidad de acreditar, ante esta instancia internacional, las múltiples violaciones a los derechos humanos cometidas por el Gobierno Mexicano en relación con el feminicidio, por no cumplir sus recomendaciones”, explicó Karla Michel, abogada que desde hace cinco años promueve la justicia para una de las víctimas de Ciudad Juárez.
La demanda contra México fue interpuesta el pasado 4 de noviembre ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Será la primera ocasión en que esa instancia analice un caso de asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, donde -según cifras oficiales- más de 352 mujeres fueron ultimadas en los últimos 14 años y también, por primera vez, examinará un caso cuyo tema central es la violencia de género, explicó la abogada Michel, actual asesora en violencia de género del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, capital de la república mexicana.
La demanda se refiere a casos que fueron presentados por separado, pero que están relacionados, por tratarse de la desaparición y el homicidio de tres mujeres en Ciudad Juárez, dos de ellas menores de edad, entre septiembre y noviembre de 2001.
La CIDH tomó en cuenta, de acuerdo con el documento de aceptación, que el caso se basa en la denegación de justicia por parte del Estado mexicano, la falta de políticas de prevención de la violencia contra las mujeres y el conocimiento de las autoridades estatales de la existencia en Chihuahua de un patrón de violencia contra mujeres y niñas.
En Ciudad Juárez, las primeras denuncias de feminicidio se formularon en 1993, por lo que la CIDH, que ha recibido múltiples informes y ha dado seguimiento al caso “Campo Algodonero”, sustanció la falta de respuesta de las autoridades frente a estos asesinatos y desapariciones, por lo que considera negligencia en la investigación de los homicidios.
El documento añade que tampoco se ha realizado la reparación adecuada en favor de sus familiares.
Al resumir los hechos, Michel señaló que, el 6 de marzo de 2002, la CIDH recibió tres denuncias por la responsabilidad internacional de México ante las irregularidades en la investigación de lo sucedido a Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal (15) y Laura Berenice Ramos Monarrez (17), desaparecidas en 2001 y halladas asesinadas a principios de noviembre de ese año.

Los peticionantes argumentan que las autoridades gubernamentales 'no han hecho todo lo que podían hacer para esclarecer la muerte' de las tres jovencitas y 'dar una explicación clara y verídica sobre esta violación' de derechos. Indican, asimismo, que 'la ineficacia en las investigaciones demuestra la poca voluntad del Gobierno para esclarecer estos crímenes y prevenirlos'.
Tras declaraciones y la creación de instancias y programas en Ciudad Juárez, las autoridades alegan que han 'redoblado esfuerzos' para agotar todas las hipótesis que conlleven “a localizar y comprobar la probable responsabilidad' de los autores, y consideran que las investigaciones 'han sido eficientes' en la medida en que varias personas están cumpliendo penas. También afirman que 'en ningún momento se ha minimizado la problemática que viven las mujeres en Ciudad Juárez'.
Los hechos
Los días 6 y 7 de noviembre de 2001 fueron encontrados ocho cuerpos en el terreno conocido como “campo algodonero”, en Ciudad Juárez. La Procuraduría General de Justicia en Ciudad Juárez inició la investigación por los delitos de homicidio y violación.
Fueron detenidos Víctor J. García Uribe (El Cerillo) y Gustavo González Meza (La Foca), a partir de declaraciones autoinculpatorias y las de una supuesta testigo.
La identificación de los cuerpos se hizo de forma irregular, y al comparecer por vez primera ante un juez, ambos inculpados denunciaron haber sido torturados física y psicológicamente por los policías judiciales y otros funcionarios de la Procuraduría, para firmar confesiones en las que reconocían a las víctimas.
No obstante, el juicio siguió su curso. El 8 de febrero de 2002, Gustavo González murió en prisión después de una operación por hernia inguinal y en condiciones aún no aclaradas. Anteriormente, su abogado fue asesinado por agentes de la policía judicial, quienes “justificaron” los hechos, señalando que lo habían confundido con un delincuente fugitivo.
Los familiares de las víctimas en ningún momento fueron tomados en cuenta por las autoridades en las investigaciones, ni en el proceso penal. La madre de Esmeralda, como otras madres de víctimas, no vio el cuerpo de su hija.
Después de cuatro años de proceso, Víctor Javier García Uribe fue condenado a 50 años de cárcel. Declaraciones públicas de fiscales y peritos que intervinieron en la investigación dan cuenta de que fueron obligados, por órdenes del Procurador, a “armar” el expediente y fabricar culpables, para evitar la presión social. De acuerdo con esos testimonios, los nombres fueron puestos en cada uno de los cuerpos encontrados, a partir de una lista de jóvenes recién desaparecidas, de manera que las fechas de desaparición coincidieran con el estado de los cuerpos, no por deducción científica.

El 14 de julio 2005, el tribunal de apelación decretó absolver a Víctor Javier García por falta de elementos en su contra, lo que implicó la reapertura de las investigaciones. Para la madre de Esmeralda (y otras madres en el caso), significó confirmar que los hechos siguen impunes, dudar nuevamente de la identidad de los cuerpos presentados y ratificar que la actuación de las autoridades había sido un montaje intencional e interesado.